La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el martes que la administración de Donald Trump reanude las deportaciones de migrantes a países distintos de los de su origen, sin que los afectados tengan la oportunidad inmediata de demostrar los riesgos que podrían enfrentar en esos destinos. El tribunal suspendió así el fallo del juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, que había declarado ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de trasladar migrantes a los llamados terceros países.
La resolución fue aprobada por la mayoría conservadora de seis magistrados contra tres. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se pronunciaron en disidencia y habrían mantenido vigente la orden del tribunal inferior. Según Associated Press, la Corte Suprema también anunció que escuchará los argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre, tras lo cual emitirá un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.
La Corte Suprema suspende el fallo que frenaba las deportaciones a terceros países
El máximo tribunal del país actuó a partir de una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia (DOJ), que pidió levantar la orden de Murphy mientras se resuelve el litigio de fondo. La decisión no establece que la política sea legal, sino que permite su aplicación de forma provisional mientras el caso avanza en el sistema judicial.
De acuerdo con Associated Press, el tribunal también evaluará si los tribunales inferiores tenían la facultad de bloquear la medida con una orden de alcance tan amplio.
La política había sido impugnada mediante una demanda colectiva presentada por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes. En febrero de 2026, Murphy determinó que vulneraba los procedimientos establecidos en la ley de inmigración y las garantías de debido proceso previstas en la Quinta Enmienda de la Constitución.
El debido proceso, en términos generales, exige que el gobierno notifique a las personas afectadas y les ofrezca la posibilidad de una audiencia antes de tomar medidas que las perjudiquen. El 18 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, también con sede en Boston, confirmó la mayor parte de ese fallo.
Cómo funciona la política de deportaciones a terceros países
La medida permite que el gobierno traslade a migrantes con órdenes de deportación firmes hacia países con los que no tienen ningún vínculo, cuando no es posible devolverlos a sus países de origen porque esas naciones se niegan a recibirlos.
Según explicó la administración en su escrito ante la Corte Suprema, los traslados se realizan a partir de acuerdos diplomáticos, en su mayoría confidenciales, mediante los cuales los países receptores ofrecen garantías de que los migrantes no serán perseguidos ni torturados. En los casos de países que no ofrecieron tales garantías, el procedimiento prevé notificar a los migrantes sobre su destino y evaluar el riesgo de persecución solo si la persona manifiesta ese temor.
De acuerdo con un recuento realizado por organizaciones de derechos humanos y recogido por Reuters, más de 25.000 migrantes fueron deportados a 29 países en virtud de esta política desde su implementación en 2025. La gran mayoría fue enviada a México. También hubo traslados a Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y República Centroafricana.
El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar Sudán del Sur por los riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado.
Los argumentos del gobierno y de los demandantes
El fiscal general Todd Blanche calificó la política como “una herramienta completamente legal y necesaria para la aplicación de las normas migratorias”, en declaraciones difundidas en redes sociales y recogidas por Associated Press. El gobierno sostiene que la medida es indispensable para expulsar a personas con órdenes finales de deportación —incluidas algunas con antecedentes penales— cuando sus países de origen se niegan a recibirlas.
Los demandantes presentan un panorama diferente. Según sus abogados, algunos migrantes llegaron a ser enviados a países que nunca habían escuchado nombrar, donde enfrentaron detención, agresiones físicas, violencia sexual o desaparición.
En varios casos documentados, terceros países transfirieron a los deportados a sus países de origen, precisamente los que Estados Unidos había reconocido como lugares de riesgo al otorgarles protección migratoria. Los demandantes también señalan que muchos de los afectados no tienen antecedentes penales y que la política no discrimina entre quienes representan un riesgo y quienes no.
Lo que la decisión no resuelve y los próximos pasos
La abogada Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios sobre Inmigración (ANLI) y representante de los migrantes en el caso, advirtió que la orden del tribunal no zanja la disputa de fondo. “La decisión de hoy no resuelve que la política del gobierno sea legal”, afirmó en un comunicado recogido por Associated Press.
Realmuto señaló que la resolución autoriza a la administración a reanudar el envío de personas a terceros países donde pueden enfrentar persecución, tortura o encarcelamiento, pero que el tribunal deberá pronunciarse sobre la legalidad de la medida en una audiencia ya programada.
La Corte Suprema escuchará los argumentos de ambas partes en diciembre de 2026 y luego emitirá una resolución definitiva sobre si la política se ajusta a la ley de inmigración y a la Constitución, así como sobre el alcance de la autoridad de los tribunales inferiores para bloquear medidas del Poder Ejecutivo con efectos nacionales.