Madrid, 30 sep (EFE).- Entidades en defensa de la salud pública consideran que el proyecto del ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud aprobado en mayo, que priorizará la gestión pública de los servicios sanitarios y limitará la privada, es «insuficiente e inaceptable» por seguir permitiendo la privatización o los convenios singulares.

Así lo han señalado este miércoles la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública en una rueda de prensa ante el Ministerio de Sanidad.

«Valoramos positivamente algunas decisiones, pero la letra pequeña permite que la sanidad pública siga manteniendo un modelo público-privado», ha asegurado Vicente Losada, miembro de Audita Sanidad.

Según ambas entidades, en 2025, 249 hospitales del Estado contaban con un concierto parcial o sustitutorio, 19 de los cuales gestionados bajo los modelos PFI o PPP (colaboración público-privada) y 11 de ellos en la Comunidad de Madrid. Estos contratos, aseguran, no vencen hasta 2036.

Asimismo, Losada ha detallado que una de las contradicciones del proyecto de ley es que este, a pesar de establecer que la gestión pública se llevará a cabo «de manera directa», no impide los conciertos o los convenios con empresas privadas.

Además, la nueva norma no impedirá «la privatización por partes de servicios esenciales», como el diagnóstico, laboratorios, rehabilitación, atención domiciliaria o tecnología sanitaria, según Losada.

Por otro lado, las organizaciones celebran que se derogue la Ley 15/97, que abrió la puerta a la entrada de grandes grupos en los centros públicos como Quirón o Ribera Salud, pero insisten en que «la derogación de una ley no elimina el resto del marco jurídico que permite la privatización».

Otra de las reivindicaciones de las entidades es que el reglamento no muestra «voluntad de revertir» los centros privatizados. «No se habla de la posible reversión de todos los centros que se han privatizado, y lo adecuado sería progresivamente irlos revirtiendo», ha señalado Ana Encinas, de la Coordinadora de Barrios.

El problema viene cuando los contratos tienen una vigencia de 30 años: «Quizás tenemos que mantenerlos hasta su finalización. Y aún más grave: no se habla de la imposibilidad de prorrogarlos».

Además, las entidades instan a corregir el texto con mecanismos para enmendar desigualdades territoriales entre comunidades autónomas y diferencias en la gestión.

Por último, Encinas ha denunciado que la normativa no elimina el régimen sanitario especial de las mutualidades de funcionarios, que «pueden elegir cada uno de enero si quieren que su asistencia sanitaria la preste la sanidad pública o una aseguradora privada» como Muface, Isfas o Mugeju.

«Es inadmisible porque atenta contra la igualdad con el resto de población, que no tiene este privilegio», ha reiterado.

Asimismo, Encinas ha asegurado que la privatización «no es más barata» ni «más segura», porque, para aumentar el beneficio de las entidades se realiza una reducción de la plantilla, lo que se traduce en «sobrecarga laboral y peor atención».

«El proyecto de ley introduce cambios en la regulación del sistema sanitario, pero no transforma el modelo estructural. La sanidad pública seguirá siendo un sistema mixto público-privado donde el dinero público seguirá financiando la gestión privada de centros sanitarios públicos», denuncia la Coordinadora de Barrios.

El Consejo de Ministros dio luz verde en mayo a dicha ley tras superar su segunda vuelta, y ahora está pendiente de iniciar su tramitación parlamentaria. EFE