Vecinos de Villa Mascardi que fueron afectados por los ataques incendiarios de la agrupación mapuche Lafken Winkul Mapu pedirán al gobierno nacional una resarcimiento patrimonial por no haber prevenido los ataques e incluso “haberse convertido en cómplice” de los integrantes de la mencionada agrupación. En los ataques que sufrieron varias propiedades particulares y entidades sociales (entre ellas un complejo de una iglesia) también tuvo participación la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que lidera Facundo Jones Huala, hoy sometido a un proceso de extradición a Chile.
La presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue rubricada por los vecinos Luis Dates y Marceras Olivera propietarios de Los Radales, una propiedad que fue devastada por un incendio intencional. En los próximos días otros vecinos perjudicados confirmaron que harán lo propio.
En la presentación, los vecinos dijeron que funcionarios nacionales “intervinieron decididamente en apoyo a la agrupación mapuche” y que “no actuaron en forma diligente para prevenir nuevos ataques o remediar los daños ocasionados”.
El conflicto en Villa Mascardi, ubicada a orillas del lago del mismo nombre a 35 kilómetros de Bariloche comenzó en 2017 con la irrupción de 30 personas en el lugar que es un Parque Nacional. Avanzaron hacia casas particulares provocando la destrucción de la mayoría de ellas. Una de las viviendas destruidas por un incendio pertenece a Dates, quien actualmente es presidente de la junta vecinal del lugar, la cual fue también vandalizada en un ataque ocurrido el primero de agosto de 2022.
Los peritos determinaron que el fuego comenzó de manera intencional a partir del hallazgo de elementos que lo confirmaron. Además, se encontraron leyenda con inscripciones mapuches en las que la agrupación se adjudicaba el atentado lo que atribuyó a una disputa territorial ancestral.
Dates dijo a la prensa que el planteo “es personal” y tiene como objetivo lograr “un resarcimiento por parte del Estado Nacional por su inacción para prevenir los ataques y avalar el funcionamiento ilegítimo del grupo mapuche”.
Además, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti se inmiscuyó en el avance de la causa judicial por los atentados y solicitó la postergación del proceso para juzgar a los responsables a instancias de una mesa de diálogo en la que propuso ceder las tierras del Parque Nacional a la comunidad que protagonizó los hechos vandálicos.
El propietario que radicó la presentación hizo mención a la participación de esa repartición al mencionar que “ha sido partícipe en algunos de esos hechos tan angustiantes y dramáticos que tanto daño nos han causado, por ejemplo, celebrando a principios de junio de este año un acuerdo a todas luces ilegítimo que motivó el inicio de un sinnúmero de acciones legales promoviendo su anulación”. Hay que recordar que Pietragalla anunció la entrega de esas tierras al grupo y la construcción de viviendas para albergar a la líder espiritual de la agrupación conocida como “La Machi” y a quien le atribuyen poderes curativos.
También ofreció 10 hectáreas de tierra en otro paraje cercano para el desarrollo de las supuestas actividades del grupo. Pero, una lluvia de planteos judiciales congeló el avance de dicha entrega. Muchos de los integrantes de la agrupación permanecen en la clandestinidad desde octubre de 2022 cuando se realizó el desalojo de los predios.
Para Dates, “el Estado Nacional es responsable no solo porque ha tolerado o ha sido cómplice de los actos violatorios de nuestros derechos humanos por parte de la Lof Lafken Winkul Mapu sino también porque no ha sido lo suficientemente diligente para prevenir los actos delictivos o mitigar sus consecuencias dañosas”.
El ahora dirigente vecinal contó que tanto él como su esposa – quien también firmó la presentación – “nos salvamos de milagro” por los ataques de los encapuchados. Y agregó que “solo queremos vivir en paz y tranquilidad en nuestras viviendas”. A la presentación de Dates se sumarán la de otros damnificados con lo cual, el Estado Nacional podría tener que resarcirlos con importantes sumas de dinero.
FUENTE: RED 43