El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa ocurre mientras permanecen abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados en su contra por autoridades de Estados Unidos. El mandatario ha rechazado las acusaciones y sostiene que son parte de una ofensiva política, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas sus propias indagatorias.
La pregunta central es qué podría ocurrir si, eventualmente, las investigaciones consiguen probar las acusaciones y se determina que Rocha Moya incurrió en delitos.
El caso tiene una dimensión particularmente delicada porque Estados Unidos lo señaló formalmente, junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de sobornos, protección y apoyo político. La acusación presentada ante una corte federal de Nueva York incluye al gobernador como uno de los señalados.
Una eventual responsabilidad penal en México
El primer escenario dependería de lo que determine la FGR. Si la Fiscalía mexicana obtiene pruebas suficientes para acreditar que Rocha Moya participó en delitos, podría iniciar una investigación penal y, dependiendo de los elementos reunidos, solicitar ante un juez las medidas correspondientes.
La naturaleza exacta de una eventual acusación determinaría las penas. No sería lo mismo acreditar delincuencia organizada, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictuosa o encubrimiento, por ejemplo.
Por ello, no existe actualmente una pena específica que pueda atribuirse al gobernador únicamente a partir de las acusaciones estadounidenses. La sanción dependería de qué delitos fueran acreditados, qué pruebas se presentaran y qué tribunal determinara su responsabilidad.
El caso también tiene un componente político. La Constitución de Sinaloa establece que el gobernador puede ser sujeto de juicio político para determinar responsabilidades.
Si se acreditaran conductas que encuadren en las hipótesis previstas por la legislación, podría abrirse un procedimiento de responsabilidad política, independientemente de las consecuencias penales que pudieran derivarse de una investigación ministerial.
¿Podría ser detenido o extraditado a Estados Unidos?
Otro escenario sería que Estados Unidos insistiera en llevar a Rocha Moya ante sus tribunales. De acuerdo con documentos difundidos sobre el expediente, Washington solicitó a México medidas relacionadas con la posible detención con fines de extradición de los funcionarios señalados.
Sin embargo, una solicitud de extradición no equivale a una condena. Para que Rocha Moya terminara ante una corte estadounidense tendría que desarrollarse un procedimiento de cooperación y extradición conforme a las leyes mexicanas y al tratado bilateral correspondiente.